La Junta de Fiscales Supremos se pronuncia sobre la promulgación de la Ley 32326, que modifica la Ley de Extinción De Dominio y que pone en riesgo la lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales.
“De los 5753 casos de extinción de dominio, 2374 serán afectados negativamente. Esto quiere decir que 2374 delincuentes y testaferros seguirán disfrutando impunemente de sus bienes y ganancias, obtenidos por sus actividades ilícitas, y continuarán invirtiendo para fortalecer sus organizaciones criminales”, alertaron los magistrados.
Según la ley, a partir de ahora se deberá contar con una sentencia firme y consentida tras un proceso largo para que el Estado intervenga las propiedades u otros activos ilícitamente adquiridos por quienes están siendo procesados por delitos graves, como corrupción, lavado de activos, contra el medio ambiente y el crimen organizado.
La nueva ley de extinción de dominio también establece que la acción de extinción de dominio prescriba en cinco años cuando antes de la modificatoria era indefinido y, por ende, aseguraba que el patrimonio ilícito no siga en manos de personas que están al margen de la ley, explicaron.
