Es evidente que la minería adecuadamente gestionada, como parte de un plan nacional, le trae muchos beneficios y oportunidades para impulsar procesos de desarrollo a los países que los promueven; sin embargo, se requiere mantener y gestionar políticas públicas con reglas de juego inclusivas y ambiciosos estándares sociales y ambientales, que garanticen la convivencia armoniosa con las comunidades y poblaciones que habitan en los territorios.
Lamentablemente, si a nivel nacional y regional se va deteriorando la institucionalidad, se diluyen los planes y programas que encausan el país, pero sobre todo si las agendas e intereses de los grupos de poder se entremezclan o avanzan paralelamente con la minería ilegal —hoy aliada con el sicariato y el narcotráfico—, se constituyen combos perniciosos en diferentes territorios como en La Libertad y Madre de Dios, que va contaminando no solo el ambiente sino también destruyendo las aspiraciones de desarrollo de la población.
Sin duda alguna, una de la aristas controversiales de la minería, que en el Perú no se aborda responsablemente, es la contaminación de los suelos, de los cuerpos de agua y de los ecosistemas circundantes a la actividad minera, lo que se agrava mucho más cuando afecta la salud y la vida de las poblaciones, como en el caso de La Oroya, en Junín, donde los análisis realizados evidenciaron que más del 90 % de los niños de las localidades aledañas a la planta tienen altas concentraciones de plomo en la sangre.
Contaminación minera también hay en el puerto de Huarmey, donde la Dirección Regional de Salud ha confirmado que hay 134 personas contaminadas, entre ellas niños de entre 3 y 6 años, lo que ha sido corroborado con resultados de la entidad estatal del Ministerio de Salud, Censopas, que han confirmado con pruebas de laboratorio la presencia de arsénico en la sangre de los niños, y que lamentablemente hasta ahora el Gobierno Regional de Áncash está de brazos cruzados ante este grave hecho.
Y recientemente, un hecho ampliamente difundido por los medios de comunicación de Áncash, como RSD, Radio Programas y canales de televisión local y nacional, que daban cuenta de un grave hecho de contaminación por relaves que salieron de las instalaciones de la empresa minera Tungsteno Málaga del Perú S.A. a las aguas del río Plata, en el distrito de Pampas, de la provincia de Pallasca, que luego contaminó las aguas del río Tablachaca y finalmente al río Santa, generando el cierre de las compuertas de los proyectos Chinecas y Chavimochic, y afectando a los agricultores y el normal ingreso de agua a las plantas de tratamiento de Chimbote y Trujillo.
Este grave hecho de contaminación de una empresa minera formal, que se encuentra paralizada, pone en evidencia la gestión irresponsable de esta empresa a la que tiene que caerle todo el peso de la ley, pero también a los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ancash, de la OEFA y de los funcionarios que resulten responsables de no haber cumplido con supervisar, fiscalizar y sancionar las malas prácticas empresariales y ambientales, y que han terminado por afectar gravemente los suelos, los cuerpos de agua y los ecosistemas de los ríos.
Lo ocurrido recientemente con la contaminación de las aguas de los ríos, con la afectación a los agricultores y a la población, así como las afectaciones a los niños de Huarmey que tienen arsénico en la sangre, exige que el Gobierno Regional de Áncash se ponga los pantalones y tome las medidas urgentes que correspondan para que la minería irresponsable y contaminante no haga lo que quiere. (RSD)
* Gabriel Mejía Duclós es ingeniero agrícola con especialización en ingeniería de recursos agua y tierra, 25 años de experiencia en gerencia y dirección de instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo social, económico y gestión ambiental, ex candidato a la Gobernación Regional de Áncash.
