En el sonado caso “La Centralita”, la Fiscalía Anticorrupción del Santa ha formalizado investigación preparatoria contra 30 personas por presuntos hechos irregulares en la adjudicación de 17 procesos de selección de obras así como la elaboración de expedientes financiados por la Subregión Pacífico, durante la gestión del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.
El fiscal supraprovincial, Elmer Chirre Castillo – quien estuvo a cargo de investigar “La Centralita” – hizo la consulta a la Fiscalía Superior Coordinadora y por un tema de competencias, se concretó el traslado de toda la información a este despacho local.
Es así que la “megainvestigación” que ahora se desarrolla en Chimbote, ha sido asignada con la carpeta fiscal 1-2019 y se encuentra a cargo de los fiscales Laureano Añanca Chumbe e Isela Gonzales Torres.
Según el diario correo, el documento fiscal ya ha sido notificado a las partes. Figuran en la lista de investigados : Luis Humberto Arroyo Rojas, Verónica Bermúdez Rodríguez y Juan Carlos Gallo Zegarra, los tres ocuparon el cargo de gerentes de la Subregión Pacífico, máximo cargo de confianza en la zona costa de Álvarez Aguilar.
De acuerdo al documento fiscal también se encuentran comprendidos : Segundo Francisco Moncada Saucedo, Luis Andrés Caipo Paredes, Oscar Salgado Olivo, Cecilia Alfaro García, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios, Cynthia Paola Morán Li, Samuel Méndez Sicha, Luis Martín Ortecho Carbajal, Giovanni Montoya Siles, Manuel Castro Ramírez y el prófugo empresario constructor Jack Castillo Castillo.
También figuran en la lista: Edgar Ysaac Castro Loyola, Erodito Salinas Alayo, Yonel Benites Saldaña, Enrico Castañeda Casanova, Milton Meléndez Luján, Ney Córdova Salinas, Anderson Arquero Cruz, Henry Aguilar Baca, Wilmer Loyaga Vera, Mirtha Vicencio Gilio, Floricelda Velásquez Lezama, Kelly Villanueva Chávez, Juan Castillo Villacorta, Jim Romero Rodríguez y Luis Neceisup Azán.
Dada la gran cantidad de investigados y la alta complejidad que tendrá esta investigación, el plazo que se ha fijado es de 36 meses, el tiempo máximo que tiene el Ministerio Público para investigar los casos que están enmarcados en la criminalidad organizada.
La Fiscalía puntualiza que los hechos presuntamente irregulares investigados se habrían cometido entre los años 2009 al 2013. Las obras y servicios adjudicados a los empresarios, abarcan la jurisdicción del Santa, Casma y Huarmey.
Durante esos años, sostiene el Ministerio Público, “se habría realizando diversos actos tendientes al favorecimiento de determinados grupos de empresas»
La modalidad en la que se adjudicaron estos procesos, tiene mucha similitud con lo descubierto en el caso del coliseo cerrado de Chimbote.
