El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa declaró fundado hoy en parte el pedido de ampliación de plazo de la investigación preparatoria que se sigue contra el gobernador regional, Waldo Ríos, y otras once personas por los ilícitos de lavado de activos y cohecho.
El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe expuso su solicitud y sostuvo que se requieren por lo menos 8 meses más de plazo para culminar las diligencias importantes entre las que mencionó recibir la información de dos entidades bancarias respecto al secreto bancario de los investigados, realizar una pericia contable y financiera con esa información y recabar declaraciones de los procesados en base a la información que se pueda recoger.
Sin embargo, el juez Eudosio Escalante Arroyo, consideró que el plazo de investigación se debe extender únicamente por cuatro meses, ya que a su criterio la toma de declaraciones de los investigados no puede ser considerada como diligencia fundamental.
“Los investigados tienen derecho a acogerse al silencio o declarar, no consideramos que sea una diligencia trascendental como lo ha expuesto el Ministerio Público”, afirmó en la audiencia.
En base a ello, el magistrado computó la ampliación de cuatro meses desde el 13 de junio de este año (fecha en la que venció el plazo inicial de investigación preparatoria) hasta el 12 de octubre próximo.
“En esa fecha el fiscal deberá concluir su investigación y emitir un pronunciamiento respecto a si acusa o archiva la presente causa”, mencionó.
El juez remarcó que basa su decisión en la cantidad de investigados, la complejidad del caso, pero también al plazo razonable al que un ciudadano puede estar sometido a una pesquisa.
El fiscal Laurano Añanca anunció que apelará la decisión porque considera que el tiempo es insuficiente debido a que las entidades bancarias aún no entregan la información, pese a que se les requirió la misma mediante documentos en julio de este año.
En tanto, los abogados de los procesados dijeron estar conforme con la decisión que adoptó el juez de investigación preparatoria.
Como se sabe el Ministerio Público busca establecer el origen del millón de soles que recibió Waldo Ríos Salcedo para pagar la reparación civil de 1 millón de soles que le debía al Estado producto de una condena por corrupción que recibió cuando se desempeñó como congresista.
Además de Ríos Salcedo, son investigados en este caso Cristian Luis Cárdenas Depaz, Daniel Humberto Reinafarje Quiroz, Patricia Leonor Quezada Barrera, José Enos Neyra Flores, Iris Myluska Aldea Correa, Sabik Soriano Navarrete, Javier Contreras Lara, Guillermo Washington Oviedo Velásquez y Miguel Ángel Peralta Merino.
En la última ampliación de la pesquisa se incluyó a los empresarios chimbotanos José Servat Chocano y Gonzalo Alegría Varona.
