El Ministerio Público formalizó acusación contra el alcalde del distrito de Jangas, Elmer Amado Cacha Catire, solicitando al Poder Judicial que se le imponga una pena de 2 años y 8 meses de prisión suspendida, además de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el presunto delito de peculado de uso.
La acusación fiscal se sustenta en una investigación que revela el presunto uso indebido de un vehículo de propiedad de la Municipalidad Distrital de Jangas, considerado un bien del Estado que, según la normativa vigente, debe ser utilizado exclusivamente para actividades institucionales y en beneficio del servicio público.
De acuerdo con el requerimiento acusatorio, el caso gira en torno a una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la comuna distrital, identificada inicialmente con placa AET-831 y posteriormente EAN-580, unidad asignada a la alta dirección municipal para el cumplimiento de labores administrativas.
Sin embargo, la investigación fiscal sostiene que el vehículo habría sido utilizado para fines ajenos a la función pública, permitiendo que el ciudadano Yony Armando Romero Pérez conduzca la unidad pese a que no tenía vínculo laboral ni relación contractual con la municipalidad.
Los hechos cobraron mayor gravedad el 12 de abril de 2025, cuando la camioneta municipal se vio involucrada en un accidente de tránsito en la carretera Huaraz – Caraz, a la altura del sector Vichay, en el distrito de Independencia.
Según las diligencias policiales incorporadas al expediente fiscal, el vehículo municipal impactó por la parte posterior a otro automóvil, ocasionando daños materiales y lesiones a los ocupantes del segundo vehículo.
Las investigaciones también determinaron que el conductor Yony Romero Pérez manejaba en estado de ebriedad, registrando 1.35 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel considerado como intoxicación alcohólica.
Durante el proceso, la fiscalía recopiló diversos elementos de convicción, entre ellos informes de la municipalidad que acreditan que el conductor no era trabajador ni funcionario de la entidad, actas policiales que documentan el accidente de tránsito, el certificado de dosaje etílico que confirma el estado de ebriedad del conductor, documentación administrativa que establece la asignación oficial del vehículo municipal y declaraciones de funcionarios y testigos vinculados al caso.
Asimismo, la investigación fiscal señala que el vehículo municipal habría sido utilizado para trasladarse a la ciudad de Huaraz con el objetivo de recoger palmas, olivos y otros materiales para actividades relacionadas con Semana Santa, un uso que, según el Ministerio Público, no justificaba la utilización de un bien estatal en las condiciones en que se produjo.
