Pobladores del caserío de Chiriac, provincia de Recuay, continúan denunciando la grave contaminación de sus fuentes de agua, presuntamente causada por la actividad minera de la empresa Lincuna, y la inacción de las autoridades locales para abordar el problema.

Paula Caro Chávez, residente de Chiriac, señaló que el agua, antes cristalina, ahora presenta un color óxido, volviéndose impropia para el consumo humano y animal. Este cambio se ha acentuado en el último año, afectando la salud de la población y la productividad agrícola y ganadera. Caro Chávez también denunció la falta de uso adecuado de materiales entregados para el mantenimiento del sistema de agua, en febrero del 2024, por parte de la presidenta del JASS.

A pesar de las denuncias presentadas ante la Municipalidad de Recuay, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la Fiscalía de Medio Ambiente, con documentos y evidencias que sustentan la contaminación, no se ha llevado a cabo una fiscalización efectiva. La denunciante afirma que la minera Lincuna habría limpiado los rastros de contaminación antes de las inspecciones, dificultando la constatación del daño ambiental.

La situación en Chiriac se suma a otras denuncias de contaminación hídrica en la provincia de Recuay. La Defensoría del Pueblo confirmó la contaminación de fuentes de agua en Huancapetí y Nebraska, evidenciando el impacto ambiental de la actividad minera y poniendo en riesgo la salud de la población, sus cultivos y su ganado. Una inspección conjunta con el OEFA, el GORE Áncash y un representante del Congreso corroboró la presencia de operaciones mineras formales e informales, generando gran preocupación por la contaminación de las fuentes hídricas.

La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades a tomar medidas urgentes para mitigar el daño ambiental, fiscalizar la actividad minera y garantizar el derecho de la población a un ambiente sano. Los pobladores de Chiriac exigen una intervención inmediata, sanciones a la minera Lincuna y una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes para asegurar el acceso a agua potable. La falta de respuesta y la presunta obstrucción de la justicia por parte de la minera generan una profunda indignación en la comunidad.